El marcador judicial es de 3-0 a favor de la oposición tras declararse nulo el pleno del 4 de octubre por irregularidades en la convocatoria
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Monóvar contra la suspensión cautelar de la subida del 80% de la tasa de basura, dando la razón por tercera vez consecutiva al Partido Popular de Monóvar. Con esta resolución, el marcador judicial se sitúa en 3-0 a favor de la oposición, faltando únicamente una cuarta sentencia para cerrar el procedimiento.
El conflicto se originó el pasado 4 de octubre cuando el gobierno socialista, tras no conseguir aprobar la subida en un primer pleno por empate (8-8), convocó un segundo pleno extraordinario con apenas 10 minutos de margen. Según denuncia el PP, la notificación de esta segunda convocatoria llegó a los concejales de la oposición media hora después de que hubiera finalizado la sesión.
La oportunidad perdida de rectificar
El portavoz del Partido Popular, Guillermo Rico, ha revelado que su grupo ofreció al equipo de gobierno la posibilidad de evitar todo este proceso judicial: «Nosotros, en el momento, tuvimos constancia de que ese pleno se había convocado y que se había celebrado sin nuestra presencia. Presentamos, justo al día siguiente, un escrito diciéndole que ese pleno era nulo, que lo que debía de hacer era convocarlo en tiempo y forma, conforme a la ley. Y el grupo de gobierno, en este caso el alcalde, se mantuvo en sus trece, no quiso convocarlo, no quiso hacer caso a lo que le decía la oposición».
Esta negativa a rectificar ha desembocado en un costoso proceso judicial que ya acumula tres condenas en costas contra el Ayuntamiento y que Rico califica de despilfarro: «Están recurriendo con el dinero de los monoveros para subirle los impuestos a los monoveros».
Obsesión recaudatoria confirmada por los tribunales
La última sentencia del Tribunal Superior recoge textualmente la justificación del Ayuntamiento para recurrir la medida cautelar: alegaron «razones de interés público, pues la suspensión impide recaudar los tributos». Rico no ha dudado en interpretar estas palabras: «Lo que hay aquí es una obsesión por parte del Ayuntamiento de recaudar pues solo saben crear ingresos a base de impuestos del bolsillo de los monoveros».
El procedimiento judicial, iniciado por el PP con fondos propios de los cinco concejales, se divide en cuatro resoluciones: medidas cautelares (ganadas), sentencia principal (ganada), recurso sobre medidas cautelares (ganado) y recurso sobre la sentencia principal (pendiente). En las tres resoluciones ya dictadas, los tribunales han condenado al Ayuntamiento al pago de las costas procesales.
Un agujero presupuestario anunciado
Rico ha sido especialmente crítico con la gestión económica del conflicto y ha responsabilizado directamente al equipo de gobierno de crear un problema financiero múltiple: «Por esta cabezonería están creando deuda al Ayuntamiento que después no se quejen, ellos son los únicos responsables de que no se haya hecho en tiempo y forma».
El problema no se limita a los costes judiciales. El Ayuntamiento contempló en el presupuesto de 2025 unos ingresos muy superiores por este concepto que, tal como advirtió el PP, ahora se verán reducidos en un 80% -el mismo porcentaje de subida que impusieron a los vecinos-, creando un desfase presupuestario. Esta subida convertía a Monóvar en el municipio con la tasa de basura más cara de todas las ciudades del entorno.
Para el portavoz popular, la persistencia en recurrir pese a las derrotas judiciales evidencia una falta de responsabilidad: «Recurrir con el dinero de los ciudadanos es muy barato para ellos», ha declarado Rico, quien considera que el equipo de gobierno mantiene su posición porque no asume el coste personal de sus decisiones.
Consecuencias para los ciudadanos
Mientras se resuelve el último recurso, los vecinos de Monóvar están pagando una tasa con una subida del 80% que los tribunales han declarado nula por basarse en un pleno irregularmente convocado. Rico ha recomendado a los ciudadanos que conserven el recibo de SUMA correspondiente a mayo, ya que tendrán derecho a la devolución de lo pagado indebidamente.
El Ayuntamiento aún puede recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque desde el PP consideran que sería «un error y un gasto innecesario de dinero público» dado el resultado de las tres resoluciones anteriores.